¿Y dicen que saben administrar?

Va nota de El Reloj

Cinco dependencias municipales incumplen con presupuesto de egresos

Miguel Mejía H.

Cinco dependencias municipales no cumplieron con la elaboración de su presupuesto de egresos para el 2008, tal y como les fue solicitado, con la finalidad de elaborar un presupuesto programático y llevar un mejor control de los gastos.

Las cinco dependencias en mención son: Presidencia municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Desarrollo Social y Económico, Seguridad Pública y Casa de Cultura y Deporte.

Por tal motivo, en la sesión de la semana pasada, el presidente de la Comisión de Hacienda, el regidor Roberto Martín Zago, leyó un oficio de la tesorera Silvia Ferro, donde informaba que las cinco dependencias no habían cumplido con dicha solicitud, la cual se les hizo desde el pasado 14 de agosto, con la finalidad de que entregaran su presupuesto el 4 de septiembre pasado; sin embargo al 25 de septiembre no habían cumplido las cinco direcciones de área. Es decir, tenían un retraso de por lo menos tres semanas.

Además, algunas dependencias solicitaron una prórroga para la entrega, pero es una “fecha improrrogable porque está marcada por la ley”, señaló el regidor.

Al respecto, Roberto Martín señaló que se había solicitado el pronóstico de egresos a cada área con la finalidad de estructurar el presupuesto general de egresos para 2008, ya que se buscaba elaborar un presupuesto programático, es decir que se incluirán costos directos e indirectos para cada rubro, situación que no se ha hecho con anterioridad.

Por lo tanto, el comisionado de Hacienda, solicitó que los presidentes de cada comisión auxilien a las dependencias correspondientes para “que presionen a sus secretarios para que envíen su pronóstico (de egresos)”, indicó.

La propuesta fue aprobada por unanimidad y se conminó a los titulares de cada área a que cumplan con dicha disposición.

Van notas atrasadas de El Reloj

Por el pago de liquidaciones

Sancionan al ex alcalde Javier de la Vega

Así como a otros cuatro ex funcionarios más

Miguel Mejía H.

SAN JOSÉ ITURBIDE

Por haber afectado los recursos municipales en el pago de liquidaciones de la pasada administración, por un monto de más de 70 mil pesos, el ayuntamiento determinó sancionar a cinco ex funcionarios, entre ellos al ex alcalde Javier de la Vega, y exoneró al entonces contralor Francisco Ledesma Díaz.

El dictamen se originó de una reunión de trabajo de los integrantes del ayuntamiento, donde se determinó que el erario municipal había sufrido un daño por 70 mil 325 pesos, monto que se pagó de más a 10 ex funcionarios que fueron beneficiados con su liquidación al término de la administración 2003-2006.

Javier de la Vega tendrá que pagar una multa de 300 salarios mínimos vigentes, es decir 14 mil 280 pesos, además de que le corresponderá pagar una cuarta parte del monto por el que se afectó al municipio, es decir, 17 mil 581 pesos. Por lo tanto, el ex alcalde tendrá que pagar al municipio un total de 31 mil 861 pesos.

La ex síndico Guadalupe Estrada de la Vega fue sancionada también por 300 días de salario mínimo y el pago de una octava parte del monto por el que se afectó al municipio, es decir 8 mil 790 pesos. Su monto a pagar es de 23 mil 70 pesos.

La ex tesorera, Angélica Ibarra Pérez, fue sancionada también por 300 salarios mínimos como multa, tendrá que reintegrar 31 mil pesos que se llevó de más y le corresponderá también pagar una cuarta parte del monto por el que se afectó al municipio. En total le corresponde pagar 62 mil 861 pesos y recibió una sanción de inhabilitación para ocupar un cargo público en un lapso de 3 años.

Rodolfo Castañón, quien fungía como titular de Recursos Humanos y Materiales, fue sancionando con 300 días de salario mínimo, tendrá que reintegrar 27 mil 526 pesos que se le otorgaron de más y le corresponderá pagar también una cuarta parte del monto por el que se afectó al municipio. El pago total de este ex servidor público será de 59 mil 387 pesos, también recibió una sanción de inhabilitación por tres años.

Carla Nayeli Meza Cuevas que se desempeñaba como asesora Jurídica recibió una sanción de 300 días de salario mínimo, 755 pesos por pago indebido y una octava parte del monto por el que se daño al erario municipal. Su monto a pagar es por 23 mil 825 pesos y también resultó inhabilitada para ocupar un cargo público por tres años.

Quien fue exonerado por el ayuntamiento fue el ex contralor Francisco Ledesma, ya que se probó que no participó en el pago de las liquidaciones, y aunque solicitó hacer la revisión de los montos éstos no le fueron entregados, por lo que no tuvo participación en el daño que sufrió el municipio respecto a los montos que se pagaron de más a los funcionarios que fueron liquidados al término de la pasada administración.

Aunque el entonces alcalde y la síndico no resultaron beneficiados por el pago de liquidaciones, se determinó sancionarlos debido a que incurrieron en omisiones que afectan los recursos municipales.

Incluso, en la Ley Orgánica Municipal se establece en el artículo 70, en el apartado de las atribuciones del presidente municipal en los incisos: X. Supervisar la administración, registro, control, uso, mantenimiento y conservación del patrimonio municipal; y XIX. Vigilar que el gasto público municipal, se realice conforme al presupuesto de egresos aprobado por el Ayuntamiento. Lo cual no ocurrió en el pago de las liquidaciones que originaron un daño al erario público municipal.

A pagar la irresponsabilidad

Ni modo, el alcalde panista Enrique Arvizu no se pudo salir con la suya y el Ayuntamiento en pleno (quien por fin se puso a cumplir sus obligaciones como vigilante del patrimonio de los iturbidenses, ojalá y siga en ese tenor y no solape otras cochinadas o las mismas transas que quisiera hacer algún regidor corrupto) le hizo manita de puerco para que pague los daños del automóvil oficial que dañó mientras iba a una fiesta familiar. Por cierto, a propósito de esta noticia, en la página web del diario Correo aparecieron estos comentarios, que reproducimos por considerarlos pertinentes:

Que bueno que se reconoció que se utilizó el auto para aspectos privados y que el alcalde pagará los daños, pero de acuerdo a la ley merece una sanción administrativa.

Que completen la tarea y también lo sancionen como ejemplo para todos, en especial para los de Acámbaro y los de Salvatierra.

El opinante

¡Vaya! este cabildo sí se puso los pantalones. A ver si los de Acámbaro hacen lo mismo o siguen inventando pruebas para disfrazar a su secretario.

Teresa

¿Tú crees que se los pusieron? Era lo mínimo que podía hacer, porque debió de pagar hasta renta del vehículo ya que no es para uso personal.

Burrito

Va la nota y foto de Correo:
Pagará alcalde reparaciones de automóvil oficial
Por: Emmanuel Alvarado, Sábado, 18 de Agosto de 2007
Enrique Arvizu tuvo un accidente el pasado 28 de julio en la carretera a Toluca

San José Iturbide

Acuerda el Ayuntamiento de San José Iturbide que el alcalde Enrique Arvizu Valencia pague las reparaciones del automóvil oficial, en el cual tuvo un accidente el pasado 28 de julio en la carretera a Toluca.

En sesión de Cabildo, a solicitud del cuerpo edilicio se aprobó por unanimidad que el presidente municipal pague los gastos de la reparación del carro oficial, debido al percance que él mismo ocasionó.

El auto es un Nissan Áltima 2005, gris, de matrícula GJT 8943 de Guanajuato, que conducía el alcalde el pasado viernes 28 de julio cuando se dirigía al aeropuerto de Toluca.

Arvizu Valencia se accidentó al salirse de la capa asfáltica antes de llegar al municipio de Atlacomulco, estado de México, por lo que el vehículo fue enviado a San José Iturbide al día siguiente.

En la sesión de Cabildo, el primer edil reconoció que no iba a un evento oficial como lo había informado después del accidente, sino que se dirigía a un evento privado.

Con base a esa información, los regidores pidieron que el alcalde pague los gastos de reparación que se originan por las averías sufridas. Cabe mencionar que los ediles sólo pidieron el pago de los daños del vehículo, y no alguna sanción económica o administrativa para el alcalde por utilizar un vehículo comprado con recursos del pueblo para asistir a un evento de carácter personal.

Más del accidente

Para Enrique Arvizu, su propia lengua es su peor enemigo: cada que habla se mete en más problemas. Ahora cuestionado por el Ayuntamiento sobre su accidente, sólo abrió la boca para enredarse más. Lea la nota de El Reloj:

Cuestionan a alcalde sobre accidente

Miguel Mejía H

SAN JOSÉ ITURBIDE

El alcalde Enrique Arvizu Valencia fue cuestionado por la oposición por no haber informado acerca del accidente que sufrió con un vehículo oficial, donde se salió de la carretera cerca de Atlacomulco, Estado de México, por lo que le solicitaron un informe al respecto y que aclarara cómo había sucedido.

Fue en la pasada sesión de Cabildo, donde el regidor Raúl Tapia Ramírez se dirigió al primer edil para solicitarle información respecto al accidente que sufrió el pasado 27 de abril, que dejó como resultado daños severos al vehículo asignado a la presidencia, un Áltima gris, y con molestias en la clavícula y tres costillas al alcalde.

El regidor cuestionó que se tuviera que enterar por parte de los medios de comunicación y que además no estuviera claro si el viaje que realizó era por motivos personales o de trabajo.

Al respecto, Enrique Arvizu señaló que sí fue a un evento familiar, pero primero se reuniría con algunos alcaldes (no dio nombres) para ver los avances respecto a unas gestiones ante Petróleos Mexicanos (PEMEX). Sin embargo, por el percance ya no logró llegar a la cita, la cual, señaló, sería brevísima, para después abordar un avión que lo llevaría a Villahermosa, Tabasco, sitio donde se realizaría el evento familiar.

Asimismo, destacó que constantemente los alcaldes de San José Iturbide, Doctor Mora, Tierra Blanca, Allende y Comonfort se reúnen constantemente con el diputado federal por el distrito 02, Martín Stefanonni.

Resaltó que el accidente nunca se intentó ocultar y que fue auxiliado por el director de Seguridad Pública, Juan José González, y por su chofer, Francisco Garfias.

Titubeos

Aunque la respuesta del alcalde ya había sido considerada como suficiente por el regidor Raúl Tapia, el regidor Roberto Martini Zago le preguntó al alcalde si la reunión con la gente de PEMEX sería en la Ciudad de México, el alcalde respondió:

“No. Yo tengo por ahí contactos con gente de PEMEX, que son muchachos que trabajan en Villahermosa y en la Torre PEMEX. Nos están ayudando para ver en la gestión de los apoyos, de los respaldos.

“Al final de cuentas yo no acudí a la reunión. La reunión la teníamos concertada hacerla aquí en la Ciudad de México, de hecho ya por el horario (cerca de las 8 de la noche) les dije yo no alcanzo a llegar a la reunión, era en el DF” por el accidente en Atlacomulco, Estado de México.

Pero no señaló qué hacía por Atlacomulco, cuando la carretera federal 57, que pasa por San José Iturbide, lleva directamente al DF.

“Me tardé mucho en irme a México. Yo tenía la intención de irme de aquí (de San José) a las 2 de la tarde, salí de aquí a las 6 y media. Les hablé y les dije ‘yo no voy a la reunión, no alcanzo a llegar. De irme a México y llegar a las 10 de la noche, pues olvídense, yo no estoy en la reunión’. Me los encontré inclusive a dos de ellos en Villahermosa, a esos muchachos que trabajan en PEMEX, me dieron alguna información de los apoyos que salieron para Guanajuato y son Abasolo y Celaya, son los municipios que salieron beneficiados y hay que seguir trabajando para que San José salga apoyado”, aseveró.

Al final, Enrique Arvizu señaló que los miembros del ayuntamiento están enterados de las gestiones.

Aclara ex director de servicios municipales su salida

El ex director de servicios municipales aclaró en una carta a el Semanario El Reloj los pormenores de su salida de la administración encabezada por Enrique Arvizu. Reproducimos dicha misiva.

C. Héctor Martínez Rodríguez

Director del Semanario "El Reloj"

Presente

El suscrito, Juan Manuel Pérez Vertiz, en mi uso de mi derecho de replica, comparezco, ante usted, para exponerle y solicitarle:

Que en respuesta a la publicación de fecha 11 de abril de 2007, en la portada y en la página 5, se indica que el suscrito, como Director de Servicios Municipales, presente renuncia, entre otras cosas, para lo que le digo:

1.- Que no es cierto, que hay a renunciado, que esa renuncia, la firme, por la inconformidad por la imposición como jefe directo mío de el Director de Ecología, el ola 30 de enero de 2007, la que no me fue aceptada en ese momento, dejándola sin efecto.

Inexplicablemente, ahora le dan validez, cuando de este hecho, no se me informó, inclusive, me entere de que estaba despedido, a través de este semanario, pero deseo hacer hincapié en lo siguiente:

A.- En cuanto, a lo que indican, que durante los días de la feria, me tome, atribuciones que no me correspondían, esto no es cierto, se me ordenó, que pusiera gente a mi servicio, a realizar este cobro, y de esto esta informado tanto, mi jefe inmediato, como tiempo después, contraloría municipal inclusive, en forma extraoficial por un regidor se me giró orden de dejar los sanitarios al servicio de los gritones de la seria los que hicieron convenio con este regidor.

B.- En cuanto, a los vehículos descompuestos, esto no es verdad todos están trabajando pero si ha y descompuestos, esto es porque, si no hay presupuesto, para mantenimiento ni autorización para su reparación, no es responsabilidad mía, es responsabilidad de mis superiores.

Pero quiero manifestar, que con fecha 27 de marzo de 2007, en la sesión del H. Ayuntamiento, que obra en el acta 29, en el punto quinto de asuntos generales, inciso e), se acepto mi plan de trabajo, y como es posible, que una sesión después, me despidan, que intereses toque con este plan de trabajo, a quien le molesto mi forma de trabajar, es a caso la negativa, de aceptar la sugerencia de un regidor, de contratar para el mantenimiento vehicular, a un taller, que él dijo, era el mejor en San José.

Se me despide sin razón alguna, pretendiendo manchar mi trabajo, y mi imagen pública, informando hechos que no son ciertos.

Le informo, que me entreviste, con el Presidente Municipal, solicitándole: una explicación, a lo que me contestó: que el era respetuoso de la legalidad, que era una decisión del Ayuntamiento que él la respetaba.

Para lo que le pregunto, si es de humanos cometer errores, quien todos en el ayuntamiento son perfectos, no son errores.

Que de las facturas de atención médica únicamente se nos pague la mitad, y nos recojan la factura, quien cobra la otra mitad.

Es legal que el ayuntamiento otorgue perdones a quienes han saqueado las arcas municipales.

Dónde está el respeto a la legalidad que se pregona.

Con lo anterior solicito se sirva publicar, la presente, en los mismos espacios, donde se menciona, a mi persona, esta aclaración.

Agradeciéndole de antemano esta publicación.

Atentamente

San José Iturbide., a la fecha de su publicación.

Juan Manuel Pérez Vertiz

Además, va nota de El Reloj sobre el desenlace del famoso table dance:

Gana municipio amparo promovido por titular del Lexus

Se buscaba evitar la posible clausura del centro nocturno

Miguel Mejía H.

SAN JOSÉ ITURBIDE

El gobierno municipal le ganó un amparo al propietario del centro nocturno Lexus, donde éste último buscaba protegerse para no ser clausurado, luego de que se habrían detectado algunas irregularidades en el funcionamiento de dicho establecimiento comercial, que tiene giro de table dance.

Con ello, se analiza la posibilidad de clausurar dicho centro nocturno, donde además existe la inconformidad de más de 4 mil habitantes del municipio.

El centro nocturno “no se encuentra debidamente regularizado” ya que “el domicilio no corresponde al permiso que exhibe ante esta autoridad. Más sin embargo, a la llegada de este ayuntamiento 2006-2009, el señor Salvador de la Vega Velásquez promovió un amparo en contra de la posible clausura del centro nocturno, siendo apoderado legal de José Silva Jiménez (titular de la licencia de funcionamiento), quien le otorgó un poder para pleitos y cobranzas”, señaló el director Jurídico del municipio, Martín Vargas Rivera.

Dicho amparo, indicó, fue promovido ante el Juzgado de Distrito, de Guanajuato capital, donde se señalaba como “autoridades responsables al ayuntamiento, al presidente municipal, al tesorero, al coordinador de fiscalización, al director de Obras Públicas, al director de Desarrollo Urbano, al director Ecología, al director de Protección Civil, al director de Seguridad Pública y a todas las autoridades responsables.

“El acto que reclamó (en dicho amparo) es la posible clausura que se pudiera dar por parte de estas autoridades, sin embargo se nos notificó (al gobierno municipal) del amparo y la sindicatura como la dirección Jurídica ofrecieron las pruebas, por lo tanto no comprobó los hechos esta persona y se sobreseyó el juicio de amparo”, aseveró.

Por lo tanto, continuó, “el amparo lo ganó el municipio de San José Iturbide y en cuestión de la Ley de Amparo perdió el centro nocturno. Ante estas necesidades y situaciones se hicieron llegar más de 4 mil firmas de parte de la ciudadanía donde solicitan la clausura de dicho establecimiento, por lo que se está trabajando por parte de Tesorería municipal, Fiscalización y la subsecretaría de Finanzas y dirección general de Ingresos (de gobierno estatal) el procedimiento que se va efectuar en contra de dicho establecimiento”.

El juicio de amparo es el 946/2006 y en días recientes se le notificó a la autoridad municipal la resolución donde el Juzgado Primero de Distrito emitió su falló,

Ahora, indicó Martín Vargas, “se está trabajando en revisar todos los requisitos que le exige la ley de alcoholes para los establecimientos de alto impacto, entonces en breves días se sabrá su situación ya jurídica”, manifestó.

Para darle seguimiento al procedimiento correspondiente, dijo, se espera la respuesta de la subsecretaría de Finanzas del estado, donde se tienen los expedientes correspondientes del centro nocturno Lexus y ahora se espera la resolución.

La traba del amparo

Aunque había una percepción negativa de parte de la población porque la autoridad municipal no intervenía en las supuestas irregularidades en las que incurrieron los propietarios del centro nocturno para operar, esto se debió a que “el municipio no podía intervenir porque tenían una suspensión, entonces dicha suspensión nos prohibía que interviniéramos dada la naturaleza que se podría cometer un abuso de autoridad, al no respetar un amparo y al no respetar una suspensión”, señaló el jurídico municipal.

Por lo tanto, para dar el siguiente paso, en caso de que se comprueben irregularidades en el funcionamiento del establecimiento comercial se podría clausurar, donde “hay varios argumentos para la clausura que se están manejando”, indicó.

Sancionarán a ex funcionarios

Va nota de El Reloj

Buscan sancionar a exfuncionarios

Por haber otorgado liquidaciones superiores a lo contemplado por la ley

Miguel Mejía H.

SAN JOSÉ ITURBIDE

Exfuncionarios de la pasada administración serían sancionados por haber incurrido en diversas omisiones e irregularidades, esto al haber otorgado irregularmente liquidaciones, ya que se dañó al erario por cerca de 130 mil pesos.

Esto en base a un dictamen emitido por la Contraloría, luego de llamar a varios exfuncionarios municipales, entre los que destacan el exalcalde Javier de la Vega y la exsíndico Guadalupe Estrada.

Culpa a exregidor

En su comparecencia el exalcalde Javier de la Vega culpa directamente al entonces regidor comisionado de Hacienda, Ricardo Estrada, con tal de evadir su responsabilidad, ya que aseveró que dicho exregidor sería encargado de hacer los cálculos de liquidación, lo cual no es e su competencia; además señaló que los finiquitos se sustentaban en un acta de Cabildo, lo cual tampoco se comprobó, ya que El Reloj realizó una investigación junto a un medio estatal y no se encontró el punto concerniente en la supuesta acta, situación que fue reforzada por la exsecretaria del Ayuntamiento, Verónica Baeza.

El exalcalde, en su comparecencia, se le cuestionó si estaba enterado de que las liquidaciones no estaban apegadas a la ley, a lo que señaló que no estaba enterado ya que “la responsabilidad la tenía la Comisión de Hacienda que se hiciera con apego a la ley”.

Asimismo, informó que lo anterior había sido aprobado por el ayuntamiento y que si en dado caso había alguna responsabilidad esta recaería en los exfuncionarios. “Creo que todos los que cobraron son responsables, y el presidente de la Comisión de Hacienda (Ricardo Estrada), ya que él tenía la facultad y la obligación para que las cosas se hicieran bien y él fue quien designó los que se liquidarían”.

No obstante, no informó por qué se habría delegado a un regidor revisar las liquidaciones cuando no está en sus funciones, además no presentó la supuesta acta en mención ni el oficio correspondiente para tal fin.

Pero él si se deslindó afirmando que no era su función revisar los cálculos “ya que había un departamento encargado para su elaboración y de la misma manera no intervine en la relación de las personas en liquidar”.

Mientras tanto el proceso administrativo continúa para determinar alguna sanción, la cual también podría involucrar a la extesorera Angélica Ibarra, a la ex asesora Jurídica Carla Nayeli Meza y al exdirector de Recursos Humanos, Rodolfo Castañón.

150 salarios mínimos

A quien si se le sancionaría es a la exsíndico Guadalupe Estrada, quien señaló que al no contar con conocimientos en el área jurídica delegó la responsabilidad a la ex asesora jurídica.

Además se determinó que en los cálculos se pagó en las liquidaciones una suma de 129 mil 608 pesos extras a los 10 exfuncionarios, con lo que se afectaron las finazas municipales.

Por lo tanto se hizo una propuesta para que la exsíndico sea multada por un monto de 150 salarios mínimos, es decir 7 mil 140 pesos, ya que incumplió con su responsabilidad.

Además, con dicha sanción no se le exime en caso de que se dictamine que los recursos tengan que ser devueltos al erario municipal.

El regreso de Peter PAN

El ex regidor, ex funcionario de finanzas y antes ex tesorero y ahora de nueva cuenta regidor, Roberto Carlo Martini Zago, mejor conocido como Peter PAN Martini, regresa por enésima ocasión al gobierno iturbidense.
Incapaz de consolidarse por más de un año en un puesto de la administración pública, todo parece indicar que Martini Zago padece una especie de síndrome de Peter PAN, que le impide madurar políticamente y sólo anda de saltimbanqui gubernamental.
La pregunta que los iturbidenses nos hacemos es la siguiente: ¿Por qué regresó? ¿En la capital guanajuatense le dio el Síndrome del Jamaicón y extraño tanto su pueblo que mejor se regresó? ¿O lo regresaron de Guanajuato para enmendarle la plana a Enrique? ¿Peter PAN Martini planea reunirse con las hadas malignas para seguir gobernando Quiquelandia?
Va la nota y caricatura de El Reloj

Se reincorpora el regidor Roberto Martini

Concluyó su licencia y lo hizo saber al ayuntamiento

Miguel Mejía H.

SAN JOSÉ ITURBIDE

En un escrito dirigido al ayuntamiento iturbidense, el regidor Roberto Martini Zago informó que su licencia concluyó por lo que se reincorporaba al cargo de elección popular, luego de irse a trabajar unos meses al gobierno estatal, en el área de Finanzas.

Con fecha del 12 de abril de este año, Roberto Martini notificó que de conformidad con el artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal del estado, “les informo que a partir del 14 de abril del año en curso doy por terminada la licencia por tiempo indeterminado que me fuera otorgada en sesión ordinaria celebrada el 14 de noviembre del año 2006”, señala en el escrito.

Asimismo, solicita que su decisión le sea notificada al pleno del Cabildo en la sesión del día de ayer para poder incorporarse al ayuntamiento.

Con ello, el regidor estuvo ausente cinco meses en la labor de Cabildo del municipio, ya que se había retirado al tener “un ofrecimiento por parte de gobierno del estado, en la Secretaría de Finanzas -eso no quiero que quede asentado en actas sólo es cuestión informativa- en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental”, indicó en ese momento, como lo consignó El Reloj, en su edición 504.

Posteriormente se llevó a cabo la votación y resultó con tres sufragios en contra y seis a favor de la licencia.

Un día después había sido llamada Norma Ledesma, quien fungía como su suplente para asumir el cargo de regidora, el cual ahora tendrá que dejar al regresar Roberto Martini.

Al respecto, el alcalde Enrique Arvizu confirmó que había una petición del regidor con licencia para reincorporarse su cargo de elección. “Él deja de trabajar en gobierno del estado (en el área de Finanzas) por situaciones que él solamente sabe, situaciones personales, y al final de cuentas lo más real es que se reincorpore al ayuntamiento”, indicó.

Ahora, dijo, se tendrá que hacer un reacomodo, “y se verá donde se destina a la suplente, en este caso a Norma Ledesma, ya que es probable que se incorpore a Desarrollo Económico, lo cual saldrá de una reunión” entre ambos.

Asimismo, entrevistada al respecto, Norma Ledesma señaló que analizaría las propuestas que le presentarían para ocupar otro cargo en el gobierno municipal, y efectivamente podría ser en el área de Desarrollo Económico, luego de que Rosalba Ledesma, quien fungió como coordinadora del área en la pasada administración, también renunció por motivos personales.

En caso de ser nombrada titular del área, Norma Ledesma señaló que no importaba que el salario sea menor al de regidora, ya que señaló que tenía un compromiso moral con Enrique Arvizu.

En San José Iturbide autoridades olvidan el derecho a la salud

Uno de los derechos humanos de segunda generación es garantizar el derecho a la salud. Esta generación de Derechos Humanos se estableció en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), en donde se compromete a los Estados crear las condiciones materiales adecuadas para que las personas puedan vivir dignamente.

En lo que respecta a la salud, se proclama en su artículo 12 que:

1.- “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2.- Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.”

Asimismo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en febrero de 1983, se gregó al artículo cuarto constitucional lo mencionado en dicho acuerdo, quedando así:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

En tanto, la Ley Orgánica Municipal establece en su artículo 69 que es atribución de los Ayuntamientos:

d) Promover y procurar la salud pública del municipio;

Ante la desaparición del Hospital Municipal por ser inviable económicamente, según calcularon las autoridades panistas (con su posterior escándalo en donde el presunto responsable de peculado en contra del nosocomio Manuel Castañón podrá resarcir el daño contra el patrimonio del municipio en “abonos chiquitos” y la tentación de la bancada panista en el Ayuntamiento de otorgarle el “perdón” si tuvieran la facultad para hacerlo) y el retraso de la “magna obra” del Hospital General –inaugurado cuando aún estaba en obra negra por el ahora ex gobernador Juan Carlos Romero Gris, sólo queda preguntarse: ¿Están nuestras autoridades cumpliendo con la obligación constitucional de garantizar el derecho a al salud? La evidente respuesta es no.

Claro, opera una clínica del IMSS y de la secretaría de Salud, pero éstas operan exactamente igual y con el mismo equipo e infraestructura que hace 25 años, cuando San José Iturbide tenía la tercera parte de la población que actualmente tiene.

Ahora bien, los yuppies neoliberales iturbidenses –muchos de ellos incrustados en el gobierno municipal e incluso en el estatal- podrán afirmar que en San José sí hay atención médica porque hay al menos cuatro hospitales privados y ahí la gente se puede atender. Lo que no entienden es que ese es el punto del conflicto, porque el derecho a la salud implica su gratuidad. Al verse obligado a pagar por el servicio por la falta de opciones del Estado, se pierde la garantía que el espíritu de la defensa de los derechos humanos implica.

Una vez hecha esta reflexión sobre el incumplimiento que el Estado (léase gobierno federal, estatal y municipal) en garantizar a los iturbidenses el derecho a la salud, lea la nota publicada en Correo sobre el atraso de la obra del Hospital General. Para leerla completa en su sitio original, de click aquí.

Obras hospitalarias, entre avances y estancamiento

Por: Redacción, Lunes, 19 de Marzo de 2007

En algunos municipios está lista la apertura de centros de atención y en otros faltan recursos para continuar proyectos

Guanajuato

Este año crecerá la infraestructura hospitalaria en varios municipios que enfrentan problemas por la saturación de sus centros de salud; sin embargo, en unos casos se necesita el apoyo del estado para iniciar obras y en otros para que se continúen trabajos inconclusos.

Al menos cuatro hospitales se inaugurarían este año y dos más podrían empezar a construirse en 2008 o incluso antes. De los nosocomios que abrirían este año, dos de ellos ya deberían estar en funcionamiento pero están atorados ante diversos problemas en las obras.

(…)

TARDE Y NI PARA CUANDO

Los hospitales de San José Iturbide y San Luis de la Paz están inconclusos y ni siquiera hay una fecha para su entrada en operaciones. El ex gobernador Juan Carlos Romero Hicks inauguró los hospitales durante la administración pasada, pero sin que entraran realmente en funcionamiento.

El de San Luis de la Paz debió estar terminado desde noviembre de 2005 pero a la fecha ni siquiera tiene agua potable o las adecuaciones para conectar aparatos eléctricos.

Problemas con las escrituras del predio, falta de dinero, errores en el proyecto ejecutivo y conceptos fuera de catálogo son algunas de las anomalías que sufre este proyecto.

La obra del hospital de San José Iturbide fue observada por la Secretaría de la Gestión Pública (SGP) ante diversas anomalías del proyecto ejecutivo y conceptos fuera de catálogo.

Los costos se dispararon de 60 a 73 millones de pesos y apenas la semana entrante se reanudará la construcción tras un paro de tres meses. Si no surgen más imprevistos, en mayo de este mismo año terminaría la obra de San Luis de la Paz pero aún se requieren 34 millones que aportaría la Secretaria de Salud de Guanajuato.

Traiciona Ayuntamiento a pueblo iturbidense

La bancada panista del Ayuntamiento ha consumado una nueva traición al pueblo iturbidense que votó por ellos. En una afán de proteger al hermano de Domingo Castañón, actual director de Obras Públicas, los panistas mayoritearon al Ayuntamiento para que el presunto responsable de peculado contra el Hospital Municipal, Manuel Castañón, preso en la cárcel municipal, devolviera al municipio el dinero que desapareció durante su gestión como administrador del nosocomio. Esto, claro, tiene una intención: ayudar a que el hermano salga pronto de la cárcel, por ello, los panistas, para protegerse entre sí, lo que quieren es que el daño quede reparado y no se cumpla la condena que marca la ley.
En esta ocasión reconocemos la intervención del abogado perredista Tapia (a quien hemos severamente criticado en ocasiones anteriores), quien durante el debate en el Ayuntamiento dijo que de cualquier forma el municipio tendría que recuperar el dinero tarde o temprano una vez dictada la sentencia. Pero la aplanadora panista tenía que salir en defensa de uno de los suyos, protegiéndose las espaldas, traicionando a la ciudadanía. Es el colmo del cínismo panista.

Va nota y mono de El Reloj

Aprueba Cabildo que exfuncionario pague en mensualidades

La votación dividió al Ayuntamiento
Miguel Mejía H.
SAN JOSÉ ITURBIDE
La bancada del PAN en el Ayuntamiento, encabezada por el alcalde Enrique Arvizu Valencia, determinó echar todo el fuego al asador y con el apoyo del regidor priista César Rodríguez mayoriteó al resto de la oposición para aprobar que el exfuncionario Juan Manuel Castañón resarza el daño que cometió en contra del erario municipal en 2002, por poco más de 284 mil pesos.
Fueron dos propuestas las que se presentaron, pero por lo controvertido del caso el voto quedó dividido, dejando una estela de argumentos en pro y en contra de la propuesta que se aprobó al final.
Cada quien expuso sus fundamentos y al final la votación se dio.
Crónica de la votación
Fue en la sesión de Cabildo de la semana pasada, donde el síndico César Contreras, de extracción panista, manifestó que tanto familiares de Castañón como su abogado, Ignacio Ricardo Núñez Perea, propusieron pagar “el 50 por ciento en efectivo” lo cual sería entregado “en el momento que nosotros se los solicitemos” por una cantidad de “142 mil 063 pesos, que es el 50 por ciento (del monto del peculado, por el cual es acusado y está detenido Manuel Castañón) y la propuesta que ellos hacen es pagar otro 50 por ciento, los otros 143 mil 063, en 12 parcialidades mensuales. Esas parcialidades quedarían garantizadas por 12 pagarés con dos avales, en el cual esos avales fueran de solvencia económica probada”, señaló.
Por lo tanto, “de aceptar esta propuesta nosotros le indiquemos (al abogado) a qué nombre y en dónde se deposite ese 50 por ciento y de aceptarse el pago de 12 pagarés a nombre de quién, obviamente sería al municipio”, indicó.
En caso de aceptar dicha propuesta, se le pedía al municipio que otorgaran el perdón y dieran por reparado el daño.
Al respecto, el regidor perredista Raúl Adolfo Tapia resaltó que formó parte de la comisión que dialogó con los familiares de Manuel Castañón, pero que sólo se trata de una propuesta, ante lo cual pidió que reflexionaran los miembros del Ayuntamiento dado que “es un asunto muy importante”.
Le secundó el también regidor del PRD Javier Carlos Medina, quien destacó que se estaba “ante una de las decisiones que pueden marcar la pauta a seguir dentro de la presente administración: cómo nos conduciríamos en caso de que sucedieran asuntos como éste (de peculado). Yo creo que debemos actuar con imparcialidad, sin la influencia de factores externos, procurando lo mejor para el municipio. Yo creo que a nosotros como Ayuntamiento no nos corresponde ser jueces en este caso, pero si es nuestra función, como miembros del Ayuntamiento, vigilar por los intereses del municipio”.
Asimismo puntualizó que “lo que decidamos dará una imagen al exterior y un ejemplo de cómo actuaremos en casos sucesivos” y apeló a que es necesario que si se afecta al municipio el daño sea resarcido a la brevedad en su totalidad.
Por lo tanto, propuso que el pago de los 284 mil 126 pesos que fueron sustraídos al municipio, de los ingresos del entonces Hospital Municipal, se pagaran en una sola exhibición.
Ante lo cual, la regidora panista Yesenia Vargas apeló a que se retomara la decisión del Ayuntamiento anterior respecto a que se otorgara el perdón una vez que se resarciera el daño (acta 136 del 25 de septiembre del 2006).
Reconoció que con la decisión que tomara el Ayuntamiento “es muy importante la imagen que se va a dar, pero también hay que tomar en cuenta que no está en nuestras manos que esta persona (Juan Manuel Castañón) vaya a salir libre. Eso ya lo determinara un juez, nosotros sólo tenemos que resolver el cobrar sobre el daño que se hizo y si sale pronto o tarde eso no es problema del Ayuntamiento o la administración, será determinación de un juez”.
La regidora Evangelina Ramírez, del PAN, dijo coincidir en que se repare el daño al erario municipal, pero también señaló que “la postura de la persona (de hacer esa propuesta del 50-50) es de acuerdo a su posición económica, quiero entender, a su posibilidad de hacer el pago. Desde el momento en que él está dispuesto a cubrir esa deuda, y reconoce lógicamente, al menos nos está indicando cuál es su posición, nos dice hasta donde puede hacerlo, no creo que sea por no querer pagar al 100 por ciento”.
Dijo además que sí se garantizaba el pago restante con pagarés “pues no veo por qué no aceptar” su propuesta.
De nueva cuenta, el síndico insistió en la disposición de los familiares de Juan Manuel Castañón a hacer el pago correspondiente, pero que no contaban con la totalidad del dinero.
Dos propuestas
Por lo tanto había dos propuestas a votar en el Cabildo, la del pago de 50 por ciento en efectivo y el resto con 12 pagarés mensuales y la otra era por la totalidad.
Antes de votar, el regidor Javier Carlos Medina insistió en que “a veces en estas situaciones en que se cometió un delito en contra del municipio es bueno ser drástico, porque inclusive va a ser un ejemplo para los servidores públicos que están en esta administración y quizá hasta en futuras”. Además destacó que al haber pasado por lo menos cuatro años y medio del desfalco al municipio (que se detectó a en el último trimestre del 2002), por lo que ahora ese dinero “se ha devaluado por el índice de inflación” que se ha presentado anualmente.
El edil Juan Salazar, del Panal, coincidió en que el pago fuera total, ya que “o se aplica o no se aplica la ley. Ya el afectado debe de buscar los medios (para resarcir el daño completamente)”.
El alcalde Enrique Arvizu destacó que no se debe considerar la decisión respecto a que sí Juan Manuel Castañón es hermano de un funcionario municipal, en este caso del secretario de Obras Públicas, Domingo Castañón, “pero tampoco quiero que se vea el llegar y dar un golpe de cabeza tan fuerte. Si bien es cierto que no debe ser nada fácil el estar ahí en una prisión. Si bien es cierto se cometió un delito, aunque de repente se diga que (Juan Manuel) no es el único implicado en esta situación, que no se llevó a cabo ninguna investigación, lamentablemente, que se dio nada más por temor o por lo que haya sido, será cuestión de que el juez dictamine o analice. Es un atenuante ver los riesgos que se correrán con los pagarés”.
Al respecto, el regidor del PRI, César Rodríguez indicó que se debería considerar que los familiares querían pagar el monto que fue sustraído al municipio. “Yo considero que también debemos de contemplar que existe la voluntad, o sea, quieren pagar y como dicen: no es nada agradable que un familiar esté haya adentro (de la cárcel), también ahorita la situación económica se ve día con día que cada día es más difícil. Sí me gustaría que consideraran la situación económica, por la que, yo creo que todo mundo por ahí, pasamos”.
Con ambas propuestas se mostró que la votación estaría dividida, por lo que la regidora panista Norma Ledezma intervino diciendo que se le hacía mucho tiempo que se pagara la mitad faltante en 12 meses.
El síndico tomó la palabra para indicar que lo que importaba era recuperar el dinero del municipio. “Ya van dos, tres años que el municipio no ha visto ese dinero. Entonces como sea ingresaría un dinero que se necesita en el municipio, yo en ese sentido si juntar esa cantidad no se junta en dos o tres días, son 284 mil pesos”.
Por lo tanto, la regidora Yesenia Vargas dijo creer que “sí se cometió un delito y viendo la voluntad que existe de esta persona (Juan Manuel Castañón) para pagar, y como dice Norma (Ledezma) 12 meses también se me hacen muchos. Mi propuesta es de también (se haga el pago en) seis meses. Darle una facilidad de pago pero 12 meses se me hacen mucho”, aseveró.

El daño se debe resarcir
Antes de la votación, Raúl Tapia les dijo a sus compañeros del Cabildo que no se preocuparan por el dinero, ya que de ser culpable Juan Manuel Castañón “el municipio va a cobrar porque la sentencia definitiva debe decir ‘se le condena a tanto y al pago de la reparación del daño’ y no sale hasta que pague el dinero”.
Ante lo cual la secretaria del Ayuntamiento, Rosalva González manifestó que nada garantizaba que el juez efectivamente le dictara sentencia definitiva a Juan Manuel Castañón, ya que indicó que el que se le consignara era una cosa pero el que se le dicte una sentencia es otra. “Hasta ahorita tenemos un probable, un enjuiciado, pero no un sentenciado. Él tiene la voluntad de pagar y la mejor intención de pagar”.
Por lo que le respondió Raúl Tapia que si el exfuncionario tenía tanta voluntad de pagar ya lo hubiera hecho con anterioridad. Además dijo que le beneficiaría mucho en su proceso el que reparara el daño al erario.

Votación
A continuación se procedió a la votación de las dos propuestas, donde en la primera se dictaminaba que el pago se hiciera de la mitad en efectivo y el resto en seis pagarés. La otra propuesta era el pago del monto total por el cual fue afectado el municipio en 2002.
Por la primera votó a favor la representación del PAN: Enrique Arvizu, César Contreras, Norma Ledezma, Evangelina Ramírez y Yesenia Vargas, contando además con el voto del priista José César Rodríguez.
A favor de la segunda propuesta, estuvieron Raúl Adolfo Tapia y Javier Carlos Medina del PRD, Ma. Elena Muñoz del PRI y Juan Salazar del Panal.
Con ello, por primera vez en este Ayuntamiento la división en la votación por un asunto era la más significativa hasta el momento, 6 a 4, lo cual podría originar que esa supuesta armonía o tolerancia que se venía dando al interior del Cabildo concluyera por este punto tan controvertido.

¿Otorgar perdón?

El Ayuntamiento iturbidense no puede ni debe otorgar el perdón por el delito de peculado que presuntamente cometió Manuel Castañón, hermano del actual director de Obras Públicas, cuando era director administrativo del malogrado Hospital Municipal.
No puede porque legalmente no es atribución del Ayuntamiento impartir justicia. Ojalá y no se quiera cometer una tropelía para que los panistas "perdonen" a uno de los suyos.

El Código Penal para el estado de Guanajuato establece:

"Capítulo Segundo
Peculado
ARTÍCULO 248.- Al servidor público que disponga de un bien que hubiere recibido en razón de su cargo, se le impondrá de dos a diez años de prisión y de sesenta a doscientos días multa; así como destitución del empleo o cargo e inhabilitación por el mismo término de la pena privativa de libertad impuesta."

Entonces que se aplique la ley y que a los panistas se les quite esa tentación de torcer los reglamentos para proteger a uno de los suyos.

Va la nota de El Reloj

Propone ex funcionario reparar el daño al erario

En su estrategia legal busca “el perdón” para salir de prisión

Miguel Mejía H.

SAN JOSÉ ITURBIDE

El exadministrador del Hospital Municipal, Juan Manuel Castañón, quien está recluido en la Cárcel Municipal por enfrentar dos procesos por el delito de peculado en perjuicio del municipio, solicitó al Ayuntamiento que le otorgaran “el perdón” para recuperar su libertad, de ser así se comprometió a resarcir el daño al erario, aunque se dijo inocente.

Fue a través de una carta, escrita a computadora y con la firma del exfuncionario en mención, que fue leída por el síndico César Contreras Maldonado en la sesión de Cabildo de la semana pasada, donde Manuel Castañón hizo dos propuestas al Cabildo para resarcir el daño al erario municipal, a fin de obtener el perdón correspondiente:

“Me encuentro en un proceso legal, del cual hasta el momento me considero inocente, ya que en este proceso deberían estar involucradas más personas, ya que yo no era el único responsable del entonces Hospital Municipal. Desgraciadamente me he visto involucrado en este penoso suceso, en el cual soy el responsable directo y como tal estoy enfrentando mi proceso legal.

“Como ustedes bien lo saben, me encuentro detenido en la Cárcel Municipal, por lo tanto le solicito a este Honorable Ayuntamiento se me otorgue el perdón hacia mi persona, no sin antes resarcir el daño del delito que se me imputa.

“Es conveniente mencionar que he tratado de acercarme para lograr un acuerdo de pago con la pasada administración, sin obtener una respuesta favorable.

“Les hago saber que para que lo tomen en cuenta, en los últimos cuatro años no he podido tener ingresos decorosos, esto debido a mi problema legal, por lo tanto les hago llegar este par de propuestas para reparar el daño del cual se me acusa: En esta propuesta les ofrezco mi único patrimonio que es un terreno ubicado en la colonia Peña Taurina, con una superficie de 244 metros cuadrados, de acuerdo a la escritura 2628, con un valor aproximado de 120 mil pesos, y el restante 50 por ciento en pagos mensuales, en un término no mayor a dos años. Esto sustentado en una fianza bancaria de cumplimiento o en su defecto mediante un bien inmueble en garantía.

“Propuesta número dos: en esta propuesta se ofrece el 50 por ciento del total en efectivo y el restante, el 50 por ciento, en pagos mensuales.

“Es conveniente mencionar que en caso de no aprobar ninguna de mis propuestas, se me fije la forma en las que les pueda yo hacer el pago, debido a que es de vital importancia el tiempo que se me otorgue este perdón para lograr lo antes posible mi libertad, dejando en sus manos mi libertad y confiando en su justa decisión. Atentamente Juan Manuel Castañón Basaldúa”, concluye el escrito.

Al respecto, la regidora Yesenia Vargas Pérez confirmó que a finales de la pasada administración, Manuel Castañón ya había solicitado el perdón.

A continuación el síndico señaló que son dos asuntos por los que el exfuncionario está en la cárcel. “El que es grave es el de mayor cuantía, aquí lo que se percibe es que ellos están… en este caso el señor Manuel Castañón es que quiere pagar, que se le otorgue el perdón, y eso le serviría a él para la individualización de la pena. (A) Nosotros ya no nos corresponde juzgar o imponerle una pena, a nosotros no nos corresponde. Él lo que está pidiendo es el perdón, pero está solicitando que se le reciba mediante estas dos propuestas o en determinado momento si no se decide por una de estas dos que nosotros le indiquemos cómo puede reparar el daño para así obtener su perdón. Es lo que yo entiendo de esta carta”, abundó.

La secretaria del Ayuntamiento, Rosalva González, leyó el décimo primer punto del acta 136 del Ayuntamiento 2003-2006 donde: “Se desahoga el oficio suscrito por parte del C. J. Manuel Castañón Basaldúa, quien presenta al pleno del H. Ayuntamiento el oficio, de fecha 15 de septiembre del 2006, solicitando el perdón, por lo que el H. Ayuntamiento acuerda que se (le) otorgue, siempre y cuando se cubra la reparación del daño al municipio”.

Por lo tanto, se sugirió que se ratifique dicho acuerdo tomado por el Ayuntamiento pasado.

Al respecto el alcalde Enrique Arvizu manifestó que debe quedar claro “que la administración actual no va otorgar la libertad ni mucho menos, ni va a decidir que el señor Juan… ¿cómo se llama?… Juan Manuel se disculpe y ya resarciendo el daño pues ya se le libere, no, para nada.

“Yo creo que aquí tenemos que tomar la determinación y es cuestión de los abogados que lo vean para evitarnos precisamente también algunas malas interpretaciones de Juan Manuel Castañón que si se le otorga el perdón en esta administración no por ser… lo quiero dejar muy claro, no por ser hermano de un funcionario público en la actual administración se vaya a dar ningún favoritismo, prueba de ello es que está detenido y está una averiguación que trae con una orden de aprehensión y está detenido, y esto se publicó y mucha gente lo sabe que está (detenido) y nosotros cumpliremos nuestro papel, si es que así se requiere, pero nada más en cuestión de decir ‘que se repare el daño’, el juez determinará si se queda detenido, se libera, si sale bajo fianza… qué se yo”.

Ante lo cual, el regidor Raúl Adolfo Tapia reconoció que lo más valioso, después de la vida, para un ser humano es la libertad, no obstante solicitó que no se tomara una decisión apresurada, por lo que se tendría que analizar el caso. Aunque de entrada manifestó que se oponía a que se aprobara la propuesta donde se le pagaría al municipio una parte del desfalco con un terreno, ya que “no es negocio del Ayuntamiento, no es su función, especular con inmobiliaria”.

Por lo tanto, se aprobó nombrar una comisión que revisara el caso, donde participaría el síndico César Contreras, el regidor Raúl Adolfo Tapia, la secretaria del Ayuntamiento Rosalva González y el director Jurídico, Martín Vargas.

Posteriormente, concluyeron, se realizaría una sesión extraordinaria, pero finalmente ésta no se efectuó y sería hasta la sesión de ayer donde se abordaría el punto en mención.

Un acuerdo

Trascendió que la comisión nombrada por el Cabildo para analizar el caso concluyó en que se otorgara el perdón correspondiente, siempre y cuando se resarza el daño, aunque no se dio a conocer por el momento la forma en que se pagarán estos recursos que según ascienden a cerca de 250 mil pesos.