Agenda Ciudadana

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Lorenzo Meyer

Los (verdaderos) peligros para México

Jueves, 06 de Septiembre de 2007
(Publicado en Correo y Reforma)

UNA FRASE QUE LLEGÓ PARA QUEDARSE

Los verdaderos “peligros para México” están entre nosotros desde hace mucho, son herencia de viejas políticas. Tras las elecciones del 2006, esos peligros siguen en su sitio, imperturbables, y todo indica que van ganando la batalla

En un momento crítico de la campaña presidencial del 2006, la mercadotecnia del equipo de Felipe Calderón acuñó la que sería la frase oficialmente ganadora: que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) era “un peligro para México”. La idea de la izquierda como peligro tuvo éxito porque fue acompañada de un auténtico blitzkrieg televisivo que dejó grabada en la mente de muchos votantes, sin necesidad de aportar pruebas, que Hugo Chávez, el presidente de Venezuela y AMLO eran, en la práctica, uno y lo mismo, que el triunfo del tabasqueño en las urnas llevaría a la perdida de la certidumbre económica y de la libertad política.

Quizá la tesis que el profesor Drew Western –experto en neurociencia y psicología política- expone en su libro El cerebro político. El papel de las emociones al decidir el destino de la nación, (Nueva York, Public Affaires, 2007), sea exagerada, pero explica lo que sucedió en México en el 2006. Según Western, el ciudadano real está muy lejos del modelo racional que imaginaron los teóricos de la Ilustración. Los experimentos del profesor sobre la actividad cerebral ante estímulos provenientes del discurso político, muestran que las reacciones del individuo receptor –su aceptación o rechazo frente a los candidatos y sus posiciones- suelen ser más un producto de las emociones que de la razón. Así, cuando ya hay una cierta predisposición por razones de clase, religión u otras similares, frases como “peligro para México” o “Mesías tropical”, pueden tener mayor efecto que cualquier argumentación basada en hechos comprobables.

DE LA FUENTE

Al examinar se manera objetiva, el entorno mexicano actual, es posible comprobar que el auténtico peligro para México no estaba en la plataforma de la oposición y su modesta propuesta de cambio, sino en la permanencia del actual arreglo entre el gobierno y los poderes de facto. Veamos algunos ejemplos de situaciones que siguen sin modificarse y cuyos efectos constituyen peligros mayúsculos. Para descubrirlo no es necesario acudir a los discursos de AMLO –quien, por cierto, en Puebla definió al congreso federal dominado por la alianza PAN-PRI como un peligro para México- sino al de personajes que son la esencia misma del establishment.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente , es un buen ejemplo. No hace mucho el rector preguntaba: "¿dónde está el Estado mexicano, dónde ha estado?, si éste no va a asumir sus responsabilidades en educación, salud y seguridad, ¿para qué queremos un Estado?", ( La Jornada , 24 de agosto). Sólo tres de cada diez jóvenes en edad de recibir educación superior acceden a ella. Y sin una educación en cantidad y calidad adecuadas, México corre el peligro de quedar atrás en una enloquecida pero inevitable carrera mundial donde China –que gradúa a 600 mil ingenieros al año- avanza a una velocidad tres o cuatro veces mayor que la nuestra. En el 2001 Vicente Fox no cesaba de repetir que la mexicana era la novena economía del mundo, pero hoy ya descendimos seis lugares en esa escala y seguimos cayendo.

Tres días más tarde, De la Fuente subrayó otros de los peligros. El Estado mexicano no sólo no ha asumido su responsabilidad en materia de seguridad, educación y salud, sino que tampoco ha atacado de frente otros “signos ominosos”: la pobreza y la desigualdad. En el fondo, todas las deficiencias mencionadas se explican por la ausencia de un verdadero proyecto de desarrollo nacional ( La Jornada , 27 de agosto). Los motivos del rector para asumir el papel de Jeremías bien pueden estar ligados a los procesos de sucesión de la UNAM , pero eso no le quita un ápice a lo justo del diagnóstico.

JESÚS SILVA HERZOG

El ex secretario de Hacienda de José López Portillo y por un tiempo también de Miguel de la Madrid , acaba de publicar un libro sobre su experiencia dentro del círculo del poder –A la distancia, recuerdos y testimonios, (Océano, 2007)- y en una entrevista resumió así el drama nacional: “no hay idea clara de hacia donde ir”. Y es que “Cumplimos en forma aceptable [controlar] el déficit fiscal, bajamos y controlamos la inflación, el Estado dejó de participar en la actividad productiva, las reservas del Banco de México son hoy históricamente altas…y sin embargo el país no crece. Llevamos 25 años con un crecimiento mediocre”. Desde los 1980 y siguiendo lo exigido por el famoso “Consenso de Washington”, México sacrificó el crecimiento en el altar de la estabilidad macroeconómica. Para salir de la trampa de esa estabilidad estéril, se necesita, en primer lugar, de un gran liderazgo político, y eso, justamente eso, es lo que hoy no existe, ( La Jornada , 22 de agosto).

La estabilidad sin crecimiento de la que hablan Silva Herzog y muchos otros, lleva, entre otras cosas, a que por falta de los recursos necesarios para desarrollar su vocación, el único premio Nóbel de México en una ciencia dura –Mario Molina- hoy desarrolle el grueso de su actividad en Estados Unidos. Por igual razón un joven trilingüe (español-inglés-japonés), con dos maestrías y una candidatura al doctorado en economía internacional, debe sobrevivir desempeñando una tarea para la que sólo requiere saber leer y escribir: la de chofer de taxi ( El Universal , 29 de agosto). ¡Vaya manera de desperdiciar recursos escasos ya invertidos, capacidad productiva y vocación!

UNA VISIÓN EXTERNA

De tarde en tarde México es visitado por premios Nóbel de economía. Acaba de estar entre nosotros el premio del 2006, Edmund Phelps, profesor en la Universidad de Columbia. El economista señaló otro de los “peligros para México”: la corrupción. Ese mal endémico de México favorece la persistencia de una de nuestras peores características históricas: la desigualdad social extrema. En efecto, Phelps sostiene algo que es evidente, pero que adquiere mayor peso cuando lo dice un experto en el tema: “Ingresos altos en diversos sectores resultan de la retribución de actividades ilegales, como tráfico de drogas y sobornos en el gobierno y las empresas”, (El Universal, 27 y 28 de agosto).

El profesor Phelps hubiera podido muy bien añadir que los enormes monopolios que ahogan la competitividad de la economía mexicana son también resultado de relaciones ilegítimas e ilegales –corruptas- y finalmente inmorales, entre empresarios y funcionarios públicos. La existencia de monopolios es una prueba clara y extrema de que el sistema de control burocrático y de justicia formal, simplemente no funciona, ya que la constitución prohibe expresamente los monopolios.

En un ambiente de relaciones corruptas y, por tanto, de inseguridad jurídica como es el caso de México, dice Phelps, la contribución potencial de los emprendedores, de esas personas con iniciativa y dispuestas a asumir riesgos y crear nuevas actividades o a mejorar o expandir las existentes, no se puede desarrollar a plenitud y la dinámica económica pierde así uno de sus mejores acicates. Para el profesor Phelps, el empleo informal es otro de los grandes lastres para una economía que casi no crece, como la nuestra. Ahora bien, el gran problema es que sin esa economía informal, ¿a dónde irían aquellos mexicanos que buscan empleo y que aún no se han marchado a Estados Unidos como parte de ese ejército conformado por cientos de miles de trabajadores documentados o indocumentados? ¿Hasta donde el empleo informal que crece sin cesar es una de las causas de nuestros males económicos y hasta que punto es simplemente un síntoma o resultado de esos males?

LOS VERDADEROS PELIGROS PARA MÉXICO

De haber sido cierto el motivo de alarma de la derecha en el 2006 –que un triunfo electoral de AMLO hubiera puesto a México en peligro-, hoy la realidad tendría que caracterizarse por el optimismo y la certidumbre. Sin embargo, no parece ser ese el caso.

Y es que la gran oportunidad que abrió el calendario electoral en el 2006 para examinar, debatir y definir de manera clara la agenda nacional, simplemente se desperdició. Al centrar el debate en torno a la personalidad “mesiánica” del líder de la oposición, los beneficiados por el actual estado de cosas lograron apartar la mirada colectiva de los verdaderos “peligros para México”. Sin embargo, ese “triunfo” de las fuerzas conservadoras no pudo ser sólido y ahora todos tenemos que volver a enfrentar la gran incógnita: quién, cómo, cuándo, de qué forma y con cuales recursos vamos a enfrentar los auténticos peligros para México.

NOTA;

Los mejores deseos de "Agenda Ciudadana" para José Gutiérrez Vivo y para todo el equipo de Monitor, que retornan al aire.

La oligarquía iturbidense

Aprovechemos la declaración que hizo el diputado perredista Arnulfo Montes para hacer unos comentarios.
Estamos de acuerdo en su crítica hacia la policía local, sin embargo nuestros lectores ya se han encargado de cuestionar tales aseveraciones. Esto es lo que le dicen al ex alcalde Arnulfo Montes:

rich: es un descaro que el diputado Fito se queje de la policía municipal, que casualidad que es justo cuando agarraron a su hijo por malandrín.

El comentario ahí está.

En el aspecto en que queremos hacer énfasis es en que independientemente del hecho en que sí tiene razón o no el diputado en su crítica a la policía e independientemente de los motivos que haya tenido, lo preocupante es que una vez más queda de manifiesto que en San José gobierna una oligarquía.

Sí, una oligarquía, el gobierno de unos pocos. Una clase dirigente que sólo usa las urnas para legitimarse, nunca para tomar en cuenta las aspiraciones del pueblo. Una oligarquía que se va pasando la estafeta entre grupos. Se dicen enfrentados políticamente pero en el fondo los une su sello distintivo: se van rolando los puestos entre los familiares.

La oligarquía, dice una definición clásica, es la forma de gobierno en que el poder supremo está en manos de unas pocas personas. Eso es San José Iturbide. Verán: el alcalde panista Enrique Arvizu es primo en segundo grado del diputado perredista Arnulfo Montes de la Vega, quien del 97 al 2000 fue alcalde de Sanjo. En el 2003 asumió la alcaldía Javier de la Vega, tío de Arnulfo Montes, y cuyo hermano Roberto ya había sido alcalde a inicios de los ochentas. Y en la pasada elección el hermano de Arnulfo, Manuel, quedó en un nada despreciable segundo lugar de las votaciones, con lo que se convirtió, de acuerdo con las retorcidas prácticas políticas iturbidenses, en el aspirante con más posibilidades para la elección del 2009.

Por otra parte, a mediados de los noventas, Honorio Sinecio fue alcalde y previamente una pariente en primer grado, José Luis Sinecio, ya había sido regidor en la anterior administración y volvió a repetir como tal en la administración de Javier de la Vega. En ese mismo ayuntamiento estuvieron Ricardo Estrada Robles, quien tiene el dudoso honor de haber sido el último alcalde priísta a finales de los ochentas, y Alicia Guadalupe Torres, quien también había sido regidora.
A eso sumenle que el primer alcalde del milenio, Miguel Ferro, a su vez es descendiente de una casta que rigió la vida política a mediados del siglo XX. Aunque este último personaje se ha alejado de la política, al menos activamente.

Y eso tenemos, una oligarquía en San José Iturbide. Urge renovar la clase política para que San José Iturbide no quede en manos de unos pocos que nada más se reparten el pastel.
Y va la nota de El Reloj que dio pie a todo esta disertación oligárquica.

Cuestiona diputado actuar de la policía municipal

Se exceden en sus labores al hacer “revisiones de rutina”

Miguel Mejía H.

SAN JOSÉ ITURBIDE

La forma en que realiza sus operativos Seguridad Pública municipal debe revisarse, ya que se deben proteger los derechos de los ciudadanos.

Lo anterior fue manifestado por el diputado local Víctor Arnulfo Montes de la Vega, quien destacó que de parte de la población ha recibido comentarios en el sentido de que “son agredidos por la Seguridad Pública del municipio. Digo agredidos, porque los bajan de sus bicicletas, les revisan sus maletas a los trabajadores, detienen a los muchachos, los ponen contra la pared, los catean, en ese fan de querer reprimir al delincuente. Pero me parece que estamos siendo tratados todos los ciudadanos como posibles delincuentes, antes de respetarnos como ciudadanos”, aseveró.

Dijo que se tendría que revisar “hasta donde tiene competencia la policía preventiva de hacer este tipo de… yo diría de atropellos a la población. A mí me tocó ver como bajan a alguien de una bicicleta y lo detienen. Me tocó ver como bajan a uno de un vehículo. Y en la última, en la que intervine, detienen a una camioneta, bajan a sus pasajeros cortando cartucho (de sus armas)… eso es terrible, porque desconozco cuanta habilidad tienen los policías para manejar las armas de fuego, si cuentan con la licencia correspondiente. No sé si saben manejar las armas, ya que es posible que se les vaya un tiro a media población”.

Manifestó que fue cerca del Libramiento Poniente donde se dio el hecho antes mencionado, precisamente en el barrio de “Los Panteoneros”.

Eran cinco elementos que portaban casco, chaleco antibalas y armas de fuego, continúo, los que bajaron a los dos “sospechosos” supuestamente para “hacerles una revisión de rutina” y “de la camioneta los policías bajaron un rifle de diábolos y se lo llevan, por lo que fui a la presidencia y ahí me dijeron que no estaba el director, sólo estaba el comandante de turno, que nos hizo esperar más de media hora y cuando nos recibió dijo que fuéramos al otro día a recoger el rifle. Por lo que tuvimos que recurrir a llamar al regidor comisionado de Seguridad Pública, Raúl Tapia, para que nos devolvieran el rifle”.

Señaló que en Seguridad Pública les dijeron que habían recogido el rifle de diábolos, porque la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) les había solicitado que detuvieran ese tipo de armas.

Por lo que cuestionó que Sagarpa tuviera ese tipo de competencia, así como de que Seguridad Pública “tenga que atender esa solicitud con esa actitud” aunque “no nos mostraron el oficio que según les había enviado Sagarpa para proceder así”.

“Finalmente nos regresaron el rifle cuando lo solicitó el regidor, y yo les cuestioné por qué habían recogido el rifle y nos dijeron que no era por un delito sino por una falta administrativa, la cual tampoco nos específico en qué apartado del Bando de Policía y Buen Gobierno se basaba”.

El actuar así, señaló el legislador, “es una violación franca a la ley, por lo que analizamos la posibilidad de interponer una denuncia ante el Ministerio Público, pero decidimos que no, ya que no se trataba de buscar más camorra”.

No obstante, solicitó que ojalá el presidente municipal “tome cartas en el asunto, ya que depende de él la seguridad pública, y el director de esa área. Aunque nos muestren una baja en los índices delictivos, lo que cuenta es que la población se sienta segura y lo que puedo decir es que hoy me siento inseguro ya que hay policías actuando prepotentemente y atropellando los derechos de los ciudadanos”, aseveró.

Actuando así, concluyó, “no se está cumpliendo con la ley, ni con los compromisos de cumplirla que tiene todo servidor público, ya que se está violentando el sentir de la seguridad de parte de quien debe cuidarnos”.

Más notas atrasadas de El Reloj (incluye mono)

Cobrarán por el deporte

Además aprueban la instalación de publicidad en espacios deportivos

Miguel Mejía H.

SAN JOSÉ ITURBIDE

El ayuntamiento determinó modificar la Ley de Ingresos para instrumentar el cobro por el uso de instalaciones deportivas.

La propuesta inicialmente surgió de la Comisión de Hacienda, y ésta fue turnada a la Comisión de Educación y Deporte para su análisis, la cual emitió un dictamen favorable. Este punto se turnó en la sesión de la semana pasada, y contó con el respaldo de todos los integrantes del Cabildo.

De esta manera, de determinó cobrar una tarifa de 150 pesos por partido en el uso de las canchas empastadas, a quien requiera el uso de dichas instalaciones.

Se estableció una cuota de 50 pesos por persona mensualmente, por el uso de aparatos del gimnasio municipal.

“En lo referente a la renta de espacios en el auditorio municipal, para impartir clases particulares deportivas, se faculta a la tesorera municipal para que se realicen los convenios con cada maestro, dependiendo del número de alumnos y del cobro que se les haga. Dicha cantidad de manera mensual no deberá de exceder de mil pesos”, se establece en el dictamen.

Asimismo, “al no contravenir el artículo 91, del reglamento municipal para el control, protección y mejoramiento ambiental de San José Iturbide, Guanajuato, es factible la renta de paredes en espacios deportivos municipales para publicidad estática, por la cantidad de 250 pesos mensuales”.

Al respecto, se señaló que en la Ley del Deporte y Cultura Física para el estado, en lo referente a los ayuntamientos y sus facultades está el restringir “la promoción y colocación de anuncios de bebidas alcohólicas y de tabaco en todas las practicas de las disciplinas deportivas de cultura física y de recreación, especialmente en las que participan niños y jóvenes, en los términos de la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables”.

Además, se sugirió que lo que se recaude de las medidas antes aprobadas se destine para el mantenimiento de los espacios deportivos.

Se incumple la ley

En el acuerdo que tomó el ayuntamiento, al no estar claramente redactada la disposición respecto a quienes les corresponderá hacer los pagos, ya ha causado algunas confusiones entre los promotores deportivos del municipio.

Asimismo, quien debería proponer tales determinaciones es la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud (Comudaj), pero en el municipio no se cuenta con dicha instancia, por lo que se incumple con la Ley del Deporte y Atención a la Juventud del estado, que en su artículo 24 establece: “El ayuntamiento, creará la Comudaj, como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios”.

En el siguiente artículo se mencionan las atribuciones de dicha comisión, donde se resalta que la Comudaj debe coordinar y ejecutar los planes y programas en materia deportiva y recreativa que apruebe el ayuntamiento; difundir, promover y fomentar el deporte entre los habitantes del municipio; promover la creación, mantenimiento y preservación de las instalaciones, unidades y espacios deportivos; promover la realización de eventos deportivos y recreativos; otorgar reconocimientos y estímulos a personas, entidades u organismos públicos o privados, que se hayan distinguido en el deporte o en la difusión, promoción, fomento o investigación en materia deportiva; entre otros.

Pero al no contarse con la Comunal se está incumpliendo la ley que norma las actividades deportivas en el municipio.

Van notas atrasadas de El Reloj

Por el pago de liquidaciones

Sancionan al ex alcalde Javier de la Vega

Así como a otros cuatro ex funcionarios más

Miguel Mejía H.

SAN JOSÉ ITURBIDE

Por haber afectado los recursos municipales en el pago de liquidaciones de la pasada administración, por un monto de más de 70 mil pesos, el ayuntamiento determinó sancionar a cinco ex funcionarios, entre ellos al ex alcalde Javier de la Vega, y exoneró al entonces contralor Francisco Ledesma Díaz.

El dictamen se originó de una reunión de trabajo de los integrantes del ayuntamiento, donde se determinó que el erario municipal había sufrido un daño por 70 mil 325 pesos, monto que se pagó de más a 10 ex funcionarios que fueron beneficiados con su liquidación al término de la administración 2003-2006.

Javier de la Vega tendrá que pagar una multa de 300 salarios mínimos vigentes, es decir 14 mil 280 pesos, además de que le corresponderá pagar una cuarta parte del monto por el que se afectó al municipio, es decir, 17 mil 581 pesos. Por lo tanto, el ex alcalde tendrá que pagar al municipio un total de 31 mil 861 pesos.

La ex síndico Guadalupe Estrada de la Vega fue sancionada también por 300 días de salario mínimo y el pago de una octava parte del monto por el que se afectó al municipio, es decir 8 mil 790 pesos. Su monto a pagar es de 23 mil 70 pesos.

La ex tesorera, Angélica Ibarra Pérez, fue sancionada también por 300 salarios mínimos como multa, tendrá que reintegrar 31 mil pesos que se llevó de más y le corresponderá también pagar una cuarta parte del monto por el que se afectó al municipio. En total le corresponde pagar 62 mil 861 pesos y recibió una sanción de inhabilitación para ocupar un cargo público en un lapso de 3 años.

Rodolfo Castañón, quien fungía como titular de Recursos Humanos y Materiales, fue sancionando con 300 días de salario mínimo, tendrá que reintegrar 27 mil 526 pesos que se le otorgaron de más y le corresponderá pagar también una cuarta parte del monto por el que se afectó al municipio. El pago total de este ex servidor público será de 59 mil 387 pesos, también recibió una sanción de inhabilitación por tres años.

Carla Nayeli Meza Cuevas que se desempeñaba como asesora Jurídica recibió una sanción de 300 días de salario mínimo, 755 pesos por pago indebido y una octava parte del monto por el que se daño al erario municipal. Su monto a pagar es por 23 mil 825 pesos y también resultó inhabilitada para ocupar un cargo público por tres años.

Quien fue exonerado por el ayuntamiento fue el ex contralor Francisco Ledesma, ya que se probó que no participó en el pago de las liquidaciones, y aunque solicitó hacer la revisión de los montos éstos no le fueron entregados, por lo que no tuvo participación en el daño que sufrió el municipio respecto a los montos que se pagaron de más a los funcionarios que fueron liquidados al término de la pasada administración.

Aunque el entonces alcalde y la síndico no resultaron beneficiados por el pago de liquidaciones, se determinó sancionarlos debido a que incurrieron en omisiones que afectan los recursos municipales.

Incluso, en la Ley Orgánica Municipal se establece en el artículo 70, en el apartado de las atribuciones del presidente municipal en los incisos: X. Supervisar la administración, registro, control, uso, mantenimiento y conservación del patrimonio municipal; y XIX. Vigilar que el gasto público municipal, se realice conforme al presupuesto de egresos aprobado por el Ayuntamiento. Lo cual no ocurrió en el pago de las liquidaciones que originaron un daño al erario público municipal.