Notas sueltas de El Reloj

Sancionarán a exfuncionarios

Por el pago de más en liquidaciones

Miguel Mejía H.

SAN JOSÉ ITURBIDE

Luego de que se presentó un dictamen emitido por la Contraloría municipal, encabezada por Sergio Montes Jaime, respecto al procedimiento en que se otorgaron las liquidaciones de la administración 2003-2006, el ayuntamiento determinó que se sancione a tres exfuncionarios públicos.

Por lo que se les aplicarían multas de entre 150 y 300 salarios mínimos. La medida responde a que se pagaron cerca de 130 mil pesos de más, repartidos entre diversos exfuncionarios que fueron liquidados el pasado 10 de octubre.

La medida abarca a tres exservidores públicos que ocupan las titularidades de: Tesorería, Recursos Humanos y dirección Jurídica; que son Angélica Ibarra, Rodolfo Castañón y Carla Nayeli Cuevas.

En el caso de Carla Nayeli Cuevas se determinó que la exdirectora Jurídica incurrió en posibles irregularidades al elaborar los convenios y pago de 10 liquidaciones por fin de administración y que nos e apegaron a lo establecido por la Ley del Trabajo para los Servidores Públicos del estado y los municipios.

Se mencionó que en el acta 136 del ayuntamiento 2003-2006 se le instruyó al área Jurídica y a Contraloría para que revisaran las liquidaciones, lo cual sólo hizo la primera, ya que respondió, vía oficio, que las liquidaciones estaban apegadas a la ley por lo que Contraloría no hizo tal revisión.

En su defensa, Carla Nayeli comentó que ella sólo siguió órdenes de sus superiores, lo cual no comprobó, y que está dispuesta a regresar lo que se le había pagado de más.

Al ser considerada su falta como grave, ya que se afectó el patrimonio municipal, se le aplicará una multa por 150 salarios mínimos, es decir 7 mil 140 pesos, y que reintegre los 755 pesos que recibió de más en su liquidación.

Por su parte, Rodolfo Castañón es señalado como probable responsable de afectar el erario municipal al haber realizado los cálculos de las liquidaciones sin apegarse a lo que marca la ley, ya que se hizo un gasto de más en los finiquitos.

Como defensa, señaló que siguió las órdenes de la entonces tesorera, Angélica Ibarra, para hacer los cálculos de 14 liquidaciones de personal de distintas dependencias municipales, donde debía de incluir 20 días por pago de prima vacacional de los años 2005 y 2006, y “yo le advertí que realizaría los cálculos pero que no estaban correcto porque esas prestaciones no les correspondían y la c. Angélica (Ibarra) fue tajante al ordenarme que lo hiciera como ella me decía”, señaló Rodolfo Castañón.

No obstante, en el dictamen se señala que el entonces director de Recursos Humanos al saber que los cálculos estaban mal y que de todos modos así los envió se hace acreedor a una sanción, ya que además él fue beneficiado con un pago de más de lo que le correspondía por ley.

La sanción recomendada para Rodolfo Castañón es también del pago de 150 salarios mínimos y que reintegre los 27 mil 526 pesos que le tocaron de más en su liquidación.

31 mil pesos de más

La responsable de las finanzas del gobierno municipal 2003-2006, Angélica Ibarra, al comparecer ante Contraloría negó responsabilidad alguna en que se hayan pagado de más a 10 exfuncionarios.

Señaló que en cada convenio, que no fueron revisados por la Contraloría ni firmados por la entonces secretaria del Ayuntamiento, Verónica Baeza, se encuentra la documentación que soportaba “las autorizaciones por el ayuntamiento que sirvieron de base para que la representante legal del municipio, que era la síndico municipal, ordenara al Jurídico la elaboración de los convenios individuales y con base a las instrucciones del presidente de la Comisión de Hacienda (el regidor Ricardo Estrada) Rodolfo Castañón, director de Recursos Humanos, elaboró los cálculos (…)”.

Con dicha declaración, Angélica Ibarra no acepta su responsabilidad y la delega a otros exfuncionarios.

Asimismo, la Contraloría estableció que la ex servidora debió revisar que los montos de las liquidaciones se apegaran a la ley. Por lo que al ser también considerada su falta como grave y por su jerarquía que ejercía su responsabilidad era alta.

Además de que recibió un beneficio económico por 31 mil pesos de más en su liquidación, y que se le responsabiliza del pago de más a 10 exfuncionarios (ella incluida) por una suma de cerca de 130 mil pesos.

Junto a lo que debe devolver, Angélica Ibarra deberá pagar una multa que se le aplicará por 300 días de salario mínimo, cifra que es igual a 14 mil 280 pesos.

Cabe mencionar que independientemente del pago de las multas de los tres casos antes mencionados, y de que reintegren lo que se llevaron de más, se estableció que con ello no están eximidos de la responsabilidad por las observaciones posteriores que pudiera hacer el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado.

El tiradero de basura no cumple con la norma: IEE

Tampoco el de San Luis de la Paz

Miguel Mejía H.

SAN JOSÉ ITURBIDE

El basurero municipal no cumple con las mínimas normas ecológicas, por lo que se analiza cuál sería la mejor opción al respecto, pero hay posibilidades de inversión estatal hasta el 2008, según informó Enrique Kato Miranda, director del Instituto Estatal de Ecología (IEE).

En situación similar, con problemas de basura, dijo, se encuentra el tiradero de San Luis de la Paz, pero éste ya se encuentra en proceso de ampliarse para incrementar su capacidad.

Durante una visita por el municipio ludovicense, el funcionario estatal, refirió que en octubre del año pasado hubo un acercamiento con las autoridades municipales de la región para establecer un relleno sanitario regional.

Ante lo cual, el gobierno iturbidense propuso que haría crecer la capacidad del tiradero actual, por lo que “estamos esperando la petición respectiva de (autoridades de) San José Iturbide. No la hemos recibido”, indicó.

Asimismo, el titular de Ecología destacó que conoce el tiradero actual, por lo que se podría analizar la posibilidad de instalar un relleno regional o incluso poder depositar en la planta de reciclaje de San Miguel de Allende.

Dijo estar al tanto de los incendios que se presentan periódicamente en los tiraderos de basura. “Cuando un relleno no cumple con la norma pues está sujeto a voladura de materiales, malos olores o incendios. Un relleno bien manejado previene esto”.

Reconoció que el tiradero de San José Iturbide no cumple con la norma, por lo que tanto éste y los demás que no cumplen son una prioridad ver cómo se cierran. “Son proyectos de cómo cerrarlos de manera adecuada y San José iturbide y San Luis de la Paz están contemplados en nuestro horizonte de inversión estratégica en un plazo corto, esto es para 2008. Ahora había otras necesidades más urgentes en el estado”, aseveró.

Mientras tanto, señaló que en San Luis de la Paz el Ayuntamiento determinó ampliar el basurero ya existente, que dará una capacidad de 50 mil metros cúbicos para 1 mil días de servicio adicional, aproximadamente.

Se apoyará, dijo, con apoyo en asesoría para que cumpla con las normas de ecología, lo cual podría ocurrir en un lapso de algunas semanas.

Ante la inconformidad de algunos pobladores de que se ubique el basurero donde está actualmente, Kato Miranda destacó que para ello es necesario dialogar con la población para informarles acerca del proyecto.

No obstante reconoció que actualmente el basurero no cumple con la norma, por lo que se hacen los trabajos necesarios para “preparar el sitio para la nueva celda” de confinamiento.

Incumplimiento

Al no cumplir los tiraderos de los dos municipios más grandes de la zona noreste, se le cuestionó a Enrique Kato por qué no se clausuran dichos tiraderos, a lo que respondió:

“Necesitamos tener un sitio abierto para el confinamiento de residuos. La postura de nosotros (en el IEE) es que el sitio actual siga trabajando bajo las mejores condiciones posibles mientras se plantea una solución que si cumpla con la norma”.

Respecto a la posibilidad de imponer multas a los municipios que no cumplan con las normativas para un tiradero dijo que eso no resuelve el problema. “La multa no resuelve el problema, la multa es un elemento de presión y ya hemos hablado del tema con la procuraduría (de Protección al Ambiente del estado, Propaeg) y cuando procede una multa por un procedimiento administrativo el asunto que hemos hablado con la Propaeg y algunos alcaldes es canjear la multa por la inversión de ese recurso en la mejora del sitio”, señaló.