Alcalde y Ayuntamiento deben de respetar la laicidad del Estado Mexicano

Llama mucho la atención la información que salió publicada esta semana en la columna La Grilla de El Reloj en el sentido de que el alcalde Enrique Arvizu encabezaría una peregrinación religiosa. De suyo, esto no debería de causar ningún problema, siempre y cuando no acudan como representantes de un municipio sino como simples feligreses.
Sin embargo, la pregunta fundamental sigue siendo la misma: ¿Cuál es el la frontera del funcionario público? ¿Donde empieza el personaje pública y donde el privado?
En lo que respecta a religión es un asunto delicado, tomando en cuenta que por no saber establecer ese límite de la vida pública y mezclarla de elementos religiosos México ha tenido que pagar altos costos.
Baste recordar la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa, en donde la Iglesia Católica no supo distinguir que su papel era sólo encaminar almas al paraíso sino que quiso tener influencias terrenales y al verse desplazada, provoca la fricción social y estalla la guerra civil.
Mismo caso sucedió en la rebelión cristera. Nuevamente, la Iglesia Católica y sus políticos católicos no diferenciaron lo que era del César ni qué de Dios y nuevamente una guerra civil estalló.
Ahora, con los ánimos sociales encendidos, la Iglesias y muchos políticos irresponsables o bisoños
, como es el caso de Enrique Arvizu, quieren volver por sus fueros que perdieron y amenazan con volver al estado teocrático.
Hay que tener cuidado con abrir esa caja de Pandora. Por ello, lo recomendable es que las autoridades iturbidenses respeten al Estado laico.
Para argumentar nuestra tesis, tomamos este fragmento del artículo de Bernardo Barranco publicado hace poco en La Jornada, para verlo en su sitio original, dé click aquí.
Además, recomendamos visitar este sitio donde se profundiza en la necesidad de mantener la laicidad del Estado: De click aquí

La laicidad es una dimensión propia del Estado moderno mexicano, es fruto de un complejo proceso histórico que si bien ha estado marcado con particularidades anticlericales y excesos, es necesario reconocer que ha permitido una convivencia pacífica entre los mexicanos. Ante todo, Benito Juárez estableció la formal separación entre el Estado y la Iglesia, por ello la laicidad se asienta en la independencia del hombre, de la sociedad, y especialmente la del Estado, de toda influencia religiosa y eclesiástica; en otras palabras, el Estado no necesita de la legitimidad divina para ejercer su soberanía como tampoco las iglesias necesitan del apoyo gubernamental para poder desplegar su misión. La legitimidad del Estado proviene de la voluntad de los ciudadanos por medio de diferentes formas de representación y de participación popular, como puede ser el voto. La laicidad no debe estar contra las creencias, se sitúa más allá de la religión y de las iglesias, porque se sustenta en una sociedad pluralista y en la libertad de conciencia. El Estado que se reconoce laico no se arroga autoridad ninguna sobre cuestiones religiosas y fomenta la libertad religiosa, así como la tolerancia y el respeto por las minorías.
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Estamos, pues, ante dos nostalgias que se tocan: la católica, añorante de sus privilegios y fueros, y el laicismo combativo, militante y anticlerical que se ha reactivado con reciedumbre en los últimos años. Este afirma el carácter laicista del Estado como instrumento para completar a fondo la secularización de la sociedad para que quede liberada de viejos dogmas. Estamos ante una profunda herida abierta que aún no ha cicatrizado y las provocaciones atrevidas del foxismo han quebrantado los esquemas simplistas de nuestra historia oficialista.

Los temas centrales de la discusión contemporánea sobre la laicidad ya no son sólo la legitimidad ni la soberanía, cuestiones centrales a mediados del siglo XIX. En cambio, los interrogantes centrales para discutir la laicidad del Estado hoy son la libertad, la pluralidad, la tolerancia y el respeto a las minorías. En una palabra: el carácter democrático de la sociedad. Es insuficiente reivindicar el carácter aconfesional del Estado para determinar su laicidad, es necesario que sea garante de la pluralidad y del ejercicio de las libertades de credo, de orientación política y de convicciones personales; que sea protector de las minorías frente a la amenaza, a veces ilegítima, de las mayorías.